Hacia una nueva legitimidad – Por Rubén Pérez Trujillano

Posted on 11 enero, 2013

0


El nuevo campo de poder globalizado

El relato político moderno albergaba fenómenos de poder general (“poder público”) fácilmente comprensibles. El poder político, compuesto por numerosas instituciones pluripersonales, era la causa de los hechos sociales. Así, la voluntad de un agente tenía una fuerza causal. Hay metáforas que reflejan esta concepción del poder: correlación de fuerzas políticas, cuadrado de fuerzas, distancia política…

No obstante, el período actual está marcado por la “gran transformación” (Polanyi), que produjo un cambio en la estructura profunda del poder público que vuelve insuficientes las concepciones tradicionales de soberanía, legitimidad, Derecho, etc. La nueva metáfora, según Capella, es la del campo de poder. Aunque sigue teniendo una base territorial este campo pasa a ser bipolar, definido por una interrelación entre un soberano supraestatal difuso (con elementos privados) y un Estado permeable o un complejo de asociaciones estatales (lo que en el ámbito de la UE se ha denominado “multilevel governance”).

La consecuencia inmediata de esta nueva concepción del poder es que el discurso sobre el Estado soberano se convierte en mera ideología. Lo cierto es que el Estado soberano ha perdido su primacía, y el poder pasa a definirse como ámbito de determinaciones en donde no pueden atribuirse los hechos sociales a un único agente. Otras de las consecuencias del nuevo relato político serían las siguientes: barbarización de las relaciones sociales, tendencia a la democracia liberal en todo el planeta y quiebra ecológica.

El soberano supraestatal difuso

Se trata de un titular internacional público y privado de un poder supraestatal. Tiene su origen en una interrelación difusa de poderes. Que sea difuso no quiere decir que sea independiente, ya que actúa interrelacionalmente con los Estados permeables, conformando el campo de poder. Para comprender su perfil hay que saber que impone sus políticas a los Estados y que prohíbe o censura aquellas políticas estatales contrarias al interés del soberano supraestatal.

Entre sus componentes cabe señalar:

– Compañías transnacionales y conglomerados financieros: es un poder privado de carácter estratégico, fáctico en tanto objetivo y difuso en tanto que carece de sede.

– Instancias convencionales supraestatales: imponen políticas públicas y de Derecho. Componen lo que Ignacio Ramonet ha llamado “Estado transnacional”: G7, BM, OMC, FMI, OCDE, etc.

– Poder militar: encabezado por EE.UU. y por la OTAN.

En cuanto a sus funciones básicas está generar las condiciones básicas para que se desenvuelvan alegremente los intereses de las compañías transnacionales y los conglomerados financieros y, por otro lado, orientar la economía globalizada, lo cual consiguen mediante instituciones teóricamente independientes como el BCE.

En definitiva, las materias que más se resienten son la economía política, las políticas sociales (educativas, laborales, fiscales…), la política militar (sofocando los intentos de los países del Sur) y la política ecológica (Protocolo de Kioto: mercantiliza cuotas de contaminación).

Estado permeable

Antes el Estado revelaba el poder político explícito, pero ahora, a partir de la gran transformación, debe instrumentar las políticas supraestatales del soberano supraestatal difuso. Esto conlleva un cambio de signo en la gestión estatal y en la intervención político- administrativa, que está muy lejos del antiguo Estado policía (liberal). Y es que el Estado abierto interviene en distintas áreas y con un sentido claramente favorable a los intereses del soberano supraestatal: desregulación (y ajuste de la desregulación cuando aparecen los efectos negativos), creación de nuevos mercados (privatización del sector público, mercantilización de los servicios públicos, esto es, de los derechos sociales), financiación de empresas privadas y fomento de la innovación tecnológica orientada al incremento de los beneficios empresariales.

Los costes de este intervencionismo intrínseco a la teoría neoliberal son los siguientes: la asistencia social se centra en los “excluidos” que potencialmente pueden comprometer la “paz social”, alimentación de un sistema de “circenses” (hedonismo, industria del sexo) y asunción estatal de los daños ecológicos causados por las empresas. En otras palabras, la paradoja de la privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas.

La crisis de legitimación

El resultado es una profunda crisis de legitimación. El sistema democrático-representativo ha visto cómo se ha banalizado la noción de soberanía popular. En el seno de los parlamentos y gobiernos han surgido tensiones contradictorias entre las exigencias del soberano supraestatal y las exigencias de las poblaciones.

La manifestación más evidente de todo esto es una crisis de la representación política pública y de los partidos políticos. Sus causas están, además, en un sistema de partidos en donde priman la burocracia y la oligarquía, si bien resulta muy problemático por el hecho de que genera despolitización, pasividad y desafección en la ciudadanía y la población en general (no olvidemos que extranjeros, menores, incapaces… carecen del contenido participativo de los derechos políticos). Estos mismos síntomas allanaron el camino a las diferentes dictaduras totalitarias y autoritarias conocidas, pero ahora pueden estar permitiendo la plena libertad del soberano supraestatal difuso, que es contrario, como hemos visto, a los principios e instituciones democráticos más elementales.

La legitimidad actual

Hay tres razones por las que la soberanía supraestatal difusa es incompatible con la legitimidad democrática. No encaja con un fundamento: a) comunitario (nacionalismo, fundamentalismo, comunitarismo liberal de Charles Taylor), debido a que el soberano supraestatal excluye a la población en sí; b) democrático, ya que excluye a los poderes incoativamente democráticos. En última instancia, c) la soberanía supraestatal es incompatible con la legitimidad democrática por razones estructurales, al ser un poder difuso que se manifiesta poco.

Por el contrario, sí que es compatible con una legitimidad basada en la eficacia. Así se explican los actuales discursos sobre la eficacia técnico- productiva, el crecimiento económico, el progreso… que invaden a los Estados subalternos y a los pueblos dominados. Dicho discurso se caracteriza por vincular la política económica de los Estados a las multinacionales y el capital especulador, y por presentar al mercado como algo natural al margen del contexto político, así como única la posibilidad de una legalidad basada en aumentar las ganancias del capital.

Pero hay que dejar claro que un discurso así es fundamentalmente industrialista. El industrialismo puede ser una filosofía eficaz para el desarrollo de las fuerzas productivas, pero la eficacia transformadora del modo de producción en sí no puede considerarse la base de la legitimidad de los regímenes políticos y económicos.

Según Ramonet, ese discurso enmascara las veleidades del pensamiento único u omnipresente. Defendido por los “policías del pensamiento” (departamentos, centros de investigación, fundaciones, órganos de opinión…), y que en nuestro contexto más cercano se vislumbra en el Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército (MADOC) y la Fundación Empresa-UGR, que supeditan la investigación científica y la producción intelectual de nuestra Universidad a los intereses del soberano supraestatal difuso.

Sostiene Capella que el discurso sobre la eficacia es, en verdad, una reactualización de los discursos iusnaturalistas. Sin admitir réplicas o dudas acerca de la Ley, estos discursos expresan la ley del más fuerte en términos económico-sociales, en el que primero está la ganancia de los grandes poderes económicos y después los proyectos político-públicos.

Construir una nueva legitimidad

Para otro tipo de legitimidad es necesario un discurso transformador, como afirmara José Luis Aranguren, que tenga su punto de partida en dos proposiciones. Por un lado, las proposiciones materialmente observadas y, por ello, candidatas a hacerse verdaderas. Por otro, los cambios personales (decisiones, comportamientos…), que hacen hincapié en el voluntarismo de todo movimiento social. Así, un nuevo discurso debe ser consciente de que la condena del capitalismo es, ante todo, moral (Karl Popper) y de que es necesaria una nueva Reforma que suponga el tránsito de la sociedad secular actual hacia un nuevo modelo de ética (Antoni Gramsci).

En este sentido, el lenguaje marxista es, cuanto menos, sensato, ya que establece previsiones razonadas. Pero también es moral, en cuanto que manifiesta profecías que han hecho verdadero lo que proponían, y profecías (como las apocalípticas) que no se cumplen precisamente por haberse formulado. Uno de los principales logros de las movilizaciones de personas indignadas es, justamente, que ha llamado la atención en dos aspectos. Por un lado, hay que combatir la confusión entre poder constituido y mitificación del orden. Por otro, hay que resolver la confusión entre poder en vías de establecimiento (el del soberano supraestatal) y mitificación del poder constituido que lo tolera (el del Estado permeable).

A modo de conclusión, y en conexión con el contexto global de crisis, se puede afirmar, desde un punto de vista político, que es necesaria la existencia de bloques emergentes hasta que no exista un bloque (la UE, los propios países emergentes o en vías de desarrollo) que cumplan el papel de garantía antiimperialista y de lanzadera de los derechos humanos. Desde un plano moral, es necesaria la existencia de esos bloques emergentes para la promoción de las clases y grupos sociales oprimidos.

En este sentido, si tradicionalmente el cambio que hubiera podido producirse tenía que ser valorado por su contenido, y no por el modo de instaurarse, esto es, que prevalecía la obra cultural y social, es cierto que en la actualidad cualquier transformación debe ser tan radicalmente moral que debe romper, entre otros, con la ética cristiana (pionera de la legitimación de la violencia: tiranicidio, guerra justa, pena de muerte…), la ética burguesa (cuyo desarrollo unilateral, a expensas de otras, causó desde el inicio la reacción romántica) y, por último, la ética kantiana (cuya “reverencia a la Ley moral” hace que el sentimiento tenga demasiada importancia). Por encima de todo, no debe olvidarse el principio pacifista, entre otras razones porque, como asegura Sartre, la violencia siempre “se desencadena” apoderándose del individuo. Pero ese pacifismo no puede condenar la violencia de oposición al estado actual de las cosas y, al mismo tiempo, excusar la violencia del poder. En caso contrario, jamás será posible palpar la verdad de aquel pasaje de Karl Marx que decía: “no es la Constitución la que crea al pueblo, sino el pueblo a la Constitución”.

Anuncios