Sobre la privatización de los centros penitenciarios – Por Paula Gallego Fernández

Posted on 19 enero, 2013

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Esta claro que estamos envueltos en un proceso privatizador, lo estamos viendo en muchos aspectos de nuestro día a día. Los más cercanos son los relativos a sanidad, educación, transportes… en los que notamos como cada vez tienen menos medios, tanto económicos como en sus mecanismos de representación y actuación polítca. En este proceso también se incluyen los centros penitenciarios, esas instituciones de las que muchas veces nos olvidamos, son otro de los puntos donde los recortes se van haciendo cada vez más patentes.

La situación actual de las cárceles es compleja, partiendo de la situación de los trabajadores que están siendo sustituidos por empledos procedentes de las empresas de seguridad privada. Esto se está desarrollando mediante un plan que daba comienzo a finales de verano en 21 cárceles, alegando falta de presupuesto para crear 1800 nuevas plazas de funcionarios se deciden por la contratación para el desarrollo de “tareas auxiliares”. En este caso hay que recordar que las tareas de los funcionarios no son solo la vigilancia y custodia sino que también serán los médicos, ATS, educadores, psicólogos y demás personal que están para la defensa y cumplimiento de los derechos de l@s pres@as, cosa para la que no están preparados esos nuevos trabajadores. El lugar paradigmático en España de este modelo esta en Cataluña, el centro de Can Brians, que tiene las competecias de alimentación y una parte de la vigilancia cedidas a empresas privadas contratadas.

Aunque está claro que los más perjudicados son l@s propi@s pres@s, que ven como sus derechos se van mermando y sus condiciones de vida en los penales se van endureciendo, al reducir las horas de atención médica, la cantidad de educadores y orientadores, y hasta de comida (al recortar en los gastos de catering, por ejemplo quitando las meriendas). En realidad, no es que no exista la posibilidad de adquirir muchas de las cosas que antes suministraba la administración (o incluso la familia), sino que ahora para poder tenerlos basta con comprarlos en el economato, sí, a un precio muy bajo, pero comprarlos. En la vida diaria de una persona reclusa para que su comida esté aliñada, ha necesita dinero. Ha necesitado dinero hasta para beber agua potable (ya que la de los grifos no lo és y son frecuente las diarreas y enfermedades gastrointestinales). De hecho la situación de una persona que esta cumpliendo condena en prisión, es de dependencia completa de la ayuda del exterior, sobre todo económica, ya que cada vez existen más restricciones para que familia y amigos envíen materiales (por ejemplo no se pueden entrar edredones, abrigos almohadillados, bolígrafos, comida…), ya que todo ello se puede comprar dentro. Es decir, que una persona que no cuente con alguién que le envíe dinero semanal, quincenal, o mensualmente, se verá tremendamente desvalida ante la imposibilidad de alimentarse correctamente o simplemente de poder abrigarse. Esto supone un factor más de presión para el preso y para su familia, que además de ver como un ser querido es secuestrado por el Estado, tiene que hacer un esfuerzo más para poder ayudar y esto sin hablar de las consecuencias a nivel psicológico que conllevan estas situaciones.

 El recrudecimiento del Código Penal que está acompañando todo el proceso, no viene a mejorar las cosas, lo cierto es que España tiene la comunidad de presos más grande de Europa con 70.472 presos (lo que equivale de 153 por cada 100.000 habitantes, más del doble que en la Unión Europea que ronda entorno a los 70 x 100.000 de media). La mayoría de los presos españoles, lo son por delitos comunes menores, como el hurto o relaccionados con el consumo o tráfico de drogas (esto último afecta a más del 70%), por la condición de inmigrante ilegal, o por multas y deudas de tipo administrativo, legal o incluso de tráfico (recordemos que en este último caso se encuentran muchos parados de larga duración que se ven incapaces de pagar multas o pensiones) y la falta de hospitales destinados a la salud mental cosa que implica que las cárceles estén cumpliendo esa función (casi un 25% de la población reclusa sufre un trastorno mental y no está siendo tratado por especialistas). Así pues, tenemos un perfil de preso que se corresponde con las clases más desfavorecidas del conjunto social. Este panorama no mejora si le incluímos la última reforma del Código Penal que incluye muchas sanciones contra el llamado “órden público establecido”. Paradógicamente este país es uno de los más seguros de Europa, con una tasa de criminalidad de 45 delitos por cada 1000 habitantes (tan solo Grecia y Portugal registran menor tasa con 38 y 40 delitos respectivamente). Esto significa que el Código Penal vigente es demasiado duro con los delitos comunes e impone unas penas desmesuradas a los más débiles con las que no obtiene ningún tipo de resultados y nos lleva a una pregunta: ¿para quién es la cárcel?

Para paliar esta situación el Estado da la posibilidad de pagar la multa con dinero (una vez más la libertad se compra y se vende), y en caso de no tenerlo es tan generoso que te deja que lo pagues con tu fuerza de trabajo en forma de trabajos sociales. El sentido está muy claro, de repente existe un montón de mano de obra gratuíta, que más que gratuíta, es obligada por su deuda con el Estado (¿la esclavitud por deudas no estaba abolida? Me preguntaban hace poco tiempo). A nivel personal me pregunto si el endurecimiento de la ley, la no prescripción de delitos menores y el elevadísimo número de parados, no serán parte del mismo proceso maligno…

El temible futuro: el delito como valor en alza.

No nos es desconocida la existencia de penitenciarios cuya gestión ha sido cedida completamente a empresas y entidades privadas en algunas partes del mundo (son muy conocidas las de Nuevo México en EEUU). También sabemos que es una especie de obsesión de los sectores ultraliberales la trasferencia definitiva de la administración y gestión de las cárceles a empresas privadas contratadas ( la más importante en este caso es la CC Security Corp) alegando su tremendo coste para el Estado. Esto es en verdad una falacia, ya que estas empresas reciben además de la cantidad acordada en el contrato, un fuerte plus por peligrosidad y son subvencionados por los fondos federales. Además, estas empresas suelen recibir exenciones fiscales los primeros años, de manera que su coste real queda camuflado y no es tan fácil de apreciar el elvado déficit que ocasionan. Es muy sospechoso que además, algunos de sus más importantes accionistas estén intimamente relaccionados con las personalidades políticas que presionan a favor de la privatización.

La concesión de los centros destinados a la administracion de justicia a manos privadas, supone una cosa tremendamente importante: la creación de un intermediario entre un Estado en teoría garante de los derechos y un ciudadano privado de una parte de los mismos, que pasa a depender de que un organismo privado gestione su condena y su libertad. De esta forma la labor del Estado en su deber de administrador de justicia se difumina y se aparta aún más del conjunto social, dejando a los reclusos totalmente al margen de la vida pública o, lo que es lo mismo, de la sociedad. No sé hasta que punto somos conscientes del atentado contra nuestros derechos que supone este pequeño punto, ya que supone la pérdida del humano ciudadano y su conversión directa en mercancia.

El funcionamiento real de estos centros privados es realmente defiente, la sanidad, higiene y alimentación so escasas por lo que son muy frecuentes los brotes de infecciones entre los presos. La tecnologización de la seguridad aumenta sensiblemente la sensación de deshumanización y abandono entre l@sencarcela@s que se sienten aún más lejos y aparte. A estas nefastas condiciones se unen las de los trabajos sociales, que en muchos casos podríamos llamar forzados, ya que la realidad en nada se diferencia de esa imágen (de película, parece) de largas hileras de engrilletados que cavan de sol a sol.

Esta imágen terrible se nos presenta como un futuro no tan lejano, que puede materializarse como lo ha hecho en otras partes del “mundo civilizado”, a esto lo único que me queda por decir, es que no vamos a dejar que ocurra. ¡La lucha esta en marcha!

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Posted in: Paula Gallego